El pedido del fiscal Leonardo Morales a la jueza Julia Staricco de dos años y medio de prisión para el ex intendente Andrés Arocena, imputándole siete delitos de abuso de funciones, no impediría que el líder de la agrupación Manuel Oribe (lista 62) pueda candidatearse nuevamente al máximo sillón departamental.
Fuentes judiciales explicaron que una vez Staricco cristalice la sentencia, Arocena podrá elegir entre cumplir la pena o pasar un año en libertad condicional, asistiendo periódicamente a una seccional policial. Cumplido ese año, Arocena se beneficiaría con la suspensión condicional de la pena, acogiéndose a textos legales impulsados y aprobados durante el actual período de gobierno.
El artículo 80º de la Constitución de la República, en su numeral 4º indica la suspensión de la ciudadanía para los procesados, así como el 125º de la ley 7.960, según me apuntó una fuente de la Corte Electoral esta tarde. Pero para que esto se cumpla, la Justicia deberá informar a la Corte sobre el procesamiento o pena que cae sobre el ciudadano, lo que no siempre ocurre, u ocurrre a una velocidad semejante a la que transitan los procesos.
De todos modos, si se confirma, para octubre o noviembre de 2009, siete meses antes de las elecciones departamentales, Arocena estará habilitado nuevamente para la pelea electoral departamental. En todo caso será, eso sí, la única contienda de la cual participaría, teniendo en cuenta los plazos para la entrega de listas frente a la Corte.
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La otra posibilidad
Una fuente directramente vinculada al caso me explicó el otro posible escenario, en el cual Arocena también podría ser candidato a la intendencia.
Para que lo detallado en los párrafos anteriores sea posible, se necesita que todo transcurra lo más rápido posible, es decir que nada se interponga ni a la acusación del fiscal ni a la sentencia primaria que pueda estar dictando la jueza Julia Staricco.
El otro escenario se construye, precisamente, de continuas objeciones y solicitudes de ampliación de pruebas.
El día hábil siguiente a ser notificada de la acusación, la defensa del ex intendente, integrada por el floridense Ernesto Noria, tendrá treinta días para contestarla. En esa acción podrán pedir nuevas pruebas para cada uno de los siete delitos que se le imputan a Arocena, o para alguno de ellos. Este caso conoce de pedidos de nuevas pruebas y de prolongados diligenciamientos de las mismas.
Una vez superadas todas esas etapas del plenario, la jueza Staricco deberá citar a audiencia para los alegatos. Recién después de ocurrido esto, y teniendo por medio los posibles alegatos, se citará para la sentencia primaria o absolución. Tanto una como otra decisión de la instancia primaria pueden ser recurridas, para luego pasar a la segunda instancia, en la cual el ex jefe comunal sería condenado o absuelto.
Sea cuál sea la decisión, ésta -con todos esas etapas de por medio- llegará recién en unos dos años, es decir que para ese momento no sólo se habrán desarrollado ya las elecciones departamentales de mayo 2010, sino que hasta habrá asumido el intendente.
De todos modos, la fuente del caso reconoció que esta estrategia tiene una desventaja con respecto a la anterior, y es que si Arocena resulta electo y la sentencia de segunda instancia es de aceptar la acusación del fiscal Leonardo Morales, la pena caerá sobre el entonces intendente, durante el mandato. En el otro escenario, el de dejar que todo fluya libremente, el elemento más negativo para la defensa sería que no responder la acusación de la fiscalía ni pedir pruebas, así como no recurrir la sentencia, implicaría un reconocimiento de que la acusación es justa.
Mucho se hablará de esto en los próximos meses. Corrijo: en los próximos años.
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