El sentido común ante “lo percibido en exceso”

En un pormenorizado informe dado a conocer en el mes de mayo, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) objetó la situación funcional de Gustavo Samacoitz en la Intendencia de Florida. Debido a que –según argumentó en el texto- un funcionario que pasó en ‘comisión de servicios’ desde el Poder Ejecutivo a una intendencia no podía ejercer un cargo de particular confianza, todos los cobros percibidos por el jerarca fueron “violatorios de expresas normas legales” y ocasionaron “un daño a la hacienda pública”.
El informe en cuestión narró exhaustivamente hasta el más mínimo de los detalles, aunque igual así confundió algunos aspectos que a primera vista aparecen como básicos, como por ejemplo: Samacoitz ejerce la Dirección General de Hacienda, que no es una Dirección de Departamento, como se indicó en el dictamen.
De todos modos, muchos de los detalles fueron comprobables y precisos. Uno de los que más sorprendió fue el referente a la compensación percibida por el jerarca, habilitada para pases en comisión durante la administración Amaro, que se calcula en la diferencia de dinero entre lo percibido en el organismo de origen y el sueldo que corresponde por la función de director, sea de Departamento o de Dirección General.
Sobre esto, en primer lugar, se objeta que pueda utilizarse esa compensación, pues la de Samacoitz era una comisión de servicios y no un pase en comisión, y en segundo lugar lo más contundente fue el detalle de lo percibido en cada organismo: cuando el director de Hacienda declaró cobrar $ 2.498 mensuales en el Ministerio de Industria, en realidad percibía retribuciones que variaron entre los $ 18 mil y los $ 38 mil.

EXCESO DIFUSO
Post informe, a propuesta de ediles blancos y colorados, la Junta decidió pedirle al TCR que aclarase si correspondía que Samacoitz devolviera todo lo cobrado hasta el momento en la IMF. El TCR contestó que “corresponde la devolución de lo percibido en exceso”. Respaldó así la idea que manejaban las bancadas opositoras, pero generó nuevas interrogantes: ¿Qué se consideran excesos? ¿Desde cuándo hasta cuándo? ¿Lo cobrado en qué concepto? ¿Cuánto?...
Además aportó un nuevo elemento a la defensa de Samacoitz: si el TCR tiene contadoras delegadas (en primer momento una sola) en la propia comuna, que observan y analizan cada uno de los gastos, y el TCR no sólo dejó hacer, sino que hasta levantó observaciones de gastos teniendo la información frente a sus narices (esa información nunca estuvo oculta), ¿está en condiciones ahora de pedir que todo lo cobrado hasta el momento sea devuelto? ¿No era acaso el TCR el que debía decir ‘esto no se puede hacer’ al tener conocimiento de situación?

QUE DEVUELVA
Parecen claros dos aspectos: primero que la situación de Samacoitz, de un modo u otro, ocasionó un daño a la hacienda pública; segundo que el Tribunal de Cuentas actuó ante una fuerte presión política.
Pero la última es una lectura –precisamente- política, y la primera es una conclusión de carácter jurídico que, en todo caso, deberá definir la Justicia (que ya tiene en su órbita el caso a instancias de la denuncia presentada por el Partido Nacional).
No teniendo muchas más herramientas que el sentido común como para llegar a algunas conclusiones, se me ocurre que si Samacoitz estuvo estos dos años de director de Hacienda sin poder serlo, teniendo el TCR la información en su poder (algo que no fue ocultado y sobre lo cual dicho órgano no dictaminó en tiempo y forma) no corresponde que reintegre el dinero por la función que ejerció.
Pero como es un caso de varias aristas, entre estas también hay una que permite una conclusión contundente: si Samacoitz percibió una compensación que se basó en la diferencia de sueldo entre su función ($ 45 mil, sueldo de un director general) y los $ 2.498 que dijo recibir del Ministerio de Industria cuando en realidad cobró entre 18 y 38 mil, el “exceso” innegable es el de la diferencia entre lo que dijo que cobraba y lo que realmente cobró en la secretaría de Estado.

UNA SOLA INTERPRETACIÓN
En síntesis: hay más de una interpretación sobre si Samacoitz podía o no ejercer la funciones inherentes al cargo de director de Hacienda habiendo pasado a la IMF mediante una comisión de servicios; hay más de una interpretación sobre si podía o no cobrar reintegros por traslados, hospedaje, etc.; hay más de una interpretación sobre si la compensación creada durante la administración Amaro para los pases en comisión es aplicable a las comisiones de servicio; pero no puede haber más de una interpretación sobre que para pagarle la compensación mensual se basaron en que Samacoitz cobraba $ 2.498 mensuales en el MIEM, cuando esto no era así. Ahí, me animo a afirmar, está el “exceso”, o al menos uno es ése.
Sólo en compensaciones, de julio de 2005 a febrero de 2007, Samacoitz cobró algo así como $ 658.240, y si se hubiese jugado al límite con el artículo en el cual se basó el intendente para dar la compensación, podía haber cobrado $ 191.760 más (Giachetto fijó una partida mensual de 32.912, cuando bien pudo ser de $ 42.500).
En números: basados en los 45 mil del sueldo de un director general y en lo percibido mes a mes por Samacoitz en el MIEM, el jerarca (de ser válido el artículo en cuestión para las comisiones de servicio) debería haber cobrado, por compensaciones, $ 401.600. Es decir que en esos 20 meses “el exceso” fue de unos $ 256.640. Tomando en cuenta que la situación se sostuvo hasta mayo inclusive, la cifra se acerca a los $ 300 mil.