Viernes y sábado participé de un seminario para periodistas sobre acceso a la información pública, organizado por el Banco Mundial, el Centro de Acceso a la Información Pública (CAinfo) y la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). Da para una avalancha de posts, a la que no me comprometo (quiero cumplirle antes al infalible Tordillo, que espera por mí hace un par de meses en su Toronto adoptiva, así que es prioridad ese texto para su blog).En el seminario, si bien el foco de atención estaba puesto en la ley 18.381 de Derecho de Acceso a la Información Pública, aprobada en octubre pasado por el Poder Legislativo uruguayo, hubo espacio para conocer, tanto desde la visión del Ejecutivo como del periodismo, la experiencia argentina a partir del decreto Nº1172/2003, cuyo contenido tiene similitudes con la norma uruguaya.
La exposición de German Stalker (coordinador del Área de Implementación de Políticas Participativas de la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, dependiente de la Jefatura de Ministros de la Presidencia de la Nación) desnudó algunos elementos que caben esperar en nuestro país: la utilización del decreto, como cualquier hijo de vecina, por parte de legisladores que notaron que se les hacía más efectivo el acceso a la información pública por ese medio, que por el tradicional pedido de informes que, a diferencia de los demás ciudadanos, ellos tienen como herramienta de acción. La demora en responder, se verá, no es patrimonio del Ejecutivo uruguayo.
Deduje entonces que Uruguay vivirá algo similar. Un edil, por ejemplo, debe esperar veinte días, con una prórroga de veinte más, para recibir un informe de una intendencia. Rara vez pasa que llegue contestación en ese plazo de cuarenta días. Incluso muchas veces la demora se extiende por varios meses, si es que llega respuesta alguna.
A partir de la ley 18.381 cualquier ciudadano puede solicitar información pública con esos mismos plazos, pero con la diferencia de poder recurrir a la Justicia si no recibió respuesta; si se le argumentó que la información que pretende es reservada y el ciudadano entiende que no es así; o si directamente se le contestó mal. Es más, antes de ello, en el caso de que la institución que venga al caso no dé señal alguna dentro de los plazos, estará activando el valor positivo que tiene el silencio, tornando a la información pedida indefectiblemente pública, aún no lo sea (la responsabilidad pasa allí a la casa del que se demora).
Uno de los tantos casos reseñados por Stalker -sobre la experiencia de su país- en su intervención para ejemplificar cómo respondía la presidencia argentina a los medios y a los ciudadanos en general cumpliendo con el decreto, fue el de solicitud de información realizada por Pablo Abiad, del diario Clarín, acerca de los honorarios de quienes defienden al vecino país en la Corte Internacional de la Haya por el diferendo que mantiene con Uruguay por la instalación de la planta de Botnia en Fray Bentos.
Al día siguiente, el mismo caso fue abordado por Daniel Gutman, periodista de Clarín y víctima de un caso de censura al que le dedicaré otro post. Gutman expuso en calidad de integrante de la red Periodismo por el Acceso a la Información Pública.
En este caso, el foco está en los honorarios profesionales. Primero, en noviembre de 2007, hubo una negativa de la Cancillería argentina en dar a conocer el monto, señalando que revelar ciertos detalles podría entorpecer la estrategia llevada a cabo. La entonces presidenta electa, Cristina Fernández, le solicitó al entonces canciller Jorge Taiana que le quitara el rótulo de reservada a esa información, y que respondiera de manera positiva al periodista Abiad, que desde el 28 de marzo estaba esperando una respuesta.
La información, entonces, apareció, y fue publicada por Clarín el 6 de noviembre de 2007: "Papeleras: Argentina ya pagó casi 500.000 dólares a los abogados”.
El artículo detalla cómo se gastó ese medio millón de dólares.
Pero no fue lo que más llamó la atención, sino la comparación de ese monto con lo erogado por Uruguay por el mismo concepto. De acuerdo a una nota publicada el pasado 25 de mayo por el diario Últimas Noticias, nuestro país ha pagado 7.417.886 dólares, de los cuales 5.449.224 corresponden sólo a los honorarios y 1.968.662 a viáticos.
Está bien: hay una diferencia de más de un año, pero de todos modos impresiona de igual manera la diferencia.
O Argentina mintió, o Uruguay está comprando caro.
Entradas
