Es público que, en los papeles, el contador Gustavo Samacoitz no es el director de Hacienda de la IMF, sino un funcionario del MIEM que asiste como ‘enviado’ a la IMF para desempeñar las funciones que le ordene el intendente (en este caso funciones de director). Ha seguido cobrando su sueldo base en el MIEM, recibiendo por parte de la IMF –a modo de sueldo- una compensación equivalente a la diferencia entre la remuneración de su dependencia de origen y la del cargo en el cual actúa en la comuna. A ello se agregaba el pago de combustible por traslado, de peaje, estadía en hotel y hasta se le llega a pagar llamadas que hace desde éste.
La Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), entendida en este aspecto, dijo que no había inconvenientes legales. Brindado el informe, el Ejecutivo se sintió respaldado y prosiguió con la relación laboral, convencidos Giachetto y sus hombres más cercanos de estar actuando dentro de la legalidad. En ese sentido parece que no puede haber cuestionamientos éticos: ante la duda, se consultó a una dependencia estatal especializada en la materia y ésta dio el visto bueno.
Pero la lectura que hizo el Tribunal de Cuentas sobre el mismo caso difiere y mucho de la que hizo la ONSC. La pasada semana dictaminó, al cobrar el sueldo del MIEM y el de la IMF, “viola expresas normas legales, lo que ha ocasionado perjuicio a la Hacienda Pública”. De inmediato desde tiendas nacionalistas y coloradas rugieron los motores para salir a la carrera, en la cual venían bastante ajetreados, unos desde la prisión de Arocena por falsificación de documentación y abuso innominado de funciones, y otros por el pedido de procesamiento de Amaro por fraude y abuso de funciones. La oportunidad para hablar de otro tema era única, y la aprovecharon. (No es dato menor que prácticamente todos los medios nacionales de alcance masivo hayan dado espacio de sobra al asunto de Samacoitz, cuando –en contrapartida- de los delitos y del procesamiento de Arocena se ocuparon poco y nada).
Peor no hay excusas. Independientemente de que a la ONSC le haya parecido correcta la situación de Samacoitz, es público y notorio que no puede actuar con todas las potestades de un director de Hacienda. A ello se le suma la irregularidad planteada por el TCR. Fuera de ésta incluso, se cuenta la lista de beneficios a las que accede el ‘enviado’ y como si esto fuese poco su labor es a part time. Incluso bien pudo haber llegado a gozar del beneficio que se pretendió con un artículo del presupuesto quinquenal abortado por los ediles oficialistas: recibir una compensación, no ya de la diferencia entre sueldo y sueldo, sino equivalente “hasta” la remuneración total del cargo que ocupa… en castellano: un sueldo, más otro completo.
¿Es acaso Samacoitz un brillante tan notable que merezca que una gestión que quiere posicionarse como transparente y austera (y que muestras ha dado) tenga que brindarle todos estos beneficios, cuando ni siquiera puede ser el director de Hacienda en los hechos?
Samacoitz, desde su llegada, ha tenido inconvenientes serios y hasta desagradables con periodistas, ediles, sindicalistas, funcionarios de su área y, aunque en menor medida, hasta con algún integrante del gabinete (cosechó sí una amistad en su ‘excelente colaboradora’ Marisa León, eterna sospechada desde el FA local).
Resta pensar que es brillante en materia contable, cuestión en la cual poco uno puede opinar, pero que notables que particularmente uno ha consultado lejos están de considerarlo.
¿Tan importante es Samacoitz como para que se asuma el costo de las manchas a la colectividad política que representa el Ejecutivo? Tal vez sea tiempo de que la fuerza política entre en acción, pues si bien dio manos libres para conformar el gabinete, hay aspectos que trascienden la confianza personal y juegan con la imagen y el futuro de una colectividad. Quizás sea un poco tarde. De hecho, el tema se metió en todas las agendas cuando, en las mismas horas, en la Junta Departamental se mostraba con documentos el criterio electoral en las donaciones del período de Arocena, encontrándose hasta vales de la lista 62 archivados como si fuesen documento oficial.
El costo de la permanencia de Samacoitz en la IMF seguramente trasciende una administración (es decir ‘un intendente y su gabinete’) y afecte las posibilidades de la cristalización de un proyecto de cambio. La existencia o no de tal proyecto y la importancia que se le da a éste debe leerse, ahora, de la reacción o la complacencia de la fuerza política.
La Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), entendida en este aspecto, dijo que no había inconvenientes legales. Brindado el informe, el Ejecutivo se sintió respaldado y prosiguió con la relación laboral, convencidos Giachetto y sus hombres más cercanos de estar actuando dentro de la legalidad. En ese sentido parece que no puede haber cuestionamientos éticos: ante la duda, se consultó a una dependencia estatal especializada en la materia y ésta dio el visto bueno.
Pero la lectura que hizo el Tribunal de Cuentas sobre el mismo caso difiere y mucho de la que hizo la ONSC. La pasada semana dictaminó, al cobrar el sueldo del MIEM y el de la IMF, “viola expresas normas legales, lo que ha ocasionado perjuicio a la Hacienda Pública”. De inmediato desde tiendas nacionalistas y coloradas rugieron los motores para salir a la carrera, en la cual venían bastante ajetreados, unos desde la prisión de Arocena por falsificación de documentación y abuso innominado de funciones, y otros por el pedido de procesamiento de Amaro por fraude y abuso de funciones. La oportunidad para hablar de otro tema era única, y la aprovecharon. (No es dato menor que prácticamente todos los medios nacionales de alcance masivo hayan dado espacio de sobra al asunto de Samacoitz, cuando –en contrapartida- de los delitos y del procesamiento de Arocena se ocuparon poco y nada).
Peor no hay excusas. Independientemente de que a la ONSC le haya parecido correcta la situación de Samacoitz, es público y notorio que no puede actuar con todas las potestades de un director de Hacienda. A ello se le suma la irregularidad planteada por el TCR. Fuera de ésta incluso, se cuenta la lista de beneficios a las que accede el ‘enviado’ y como si esto fuese poco su labor es a part time. Incluso bien pudo haber llegado a gozar del beneficio que se pretendió con un artículo del presupuesto quinquenal abortado por los ediles oficialistas: recibir una compensación, no ya de la diferencia entre sueldo y sueldo, sino equivalente “hasta” la remuneración total del cargo que ocupa… en castellano: un sueldo, más otro completo.
¿Es acaso Samacoitz un brillante tan notable que merezca que una gestión que quiere posicionarse como transparente y austera (y que muestras ha dado) tenga que brindarle todos estos beneficios, cuando ni siquiera puede ser el director de Hacienda en los hechos?
Samacoitz, desde su llegada, ha tenido inconvenientes serios y hasta desagradables con periodistas, ediles, sindicalistas, funcionarios de su área y, aunque en menor medida, hasta con algún integrante del gabinete (cosechó sí una amistad en su ‘excelente colaboradora’ Marisa León, eterna sospechada desde el FA local).
Resta pensar que es brillante en materia contable, cuestión en la cual poco uno puede opinar, pero que notables que particularmente uno ha consultado lejos están de considerarlo.
¿Tan importante es Samacoitz como para que se asuma el costo de las manchas a la colectividad política que representa el Ejecutivo? Tal vez sea tiempo de que la fuerza política entre en acción, pues si bien dio manos libres para conformar el gabinete, hay aspectos que trascienden la confianza personal y juegan con la imagen y el futuro de una colectividad. Quizás sea un poco tarde. De hecho, el tema se metió en todas las agendas cuando, en las mismas horas, en la Junta Departamental se mostraba con documentos el criterio electoral en las donaciones del período de Arocena, encontrándose hasta vales de la lista 62 archivados como si fuesen documento oficial.
El costo de la permanencia de Samacoitz en la IMF seguramente trasciende una administración (es decir ‘un intendente y su gabinete’) y afecte las posibilidades de la cristalización de un proyecto de cambio. La existencia o no de tal proyecto y la importancia que se le da a éste debe leerse, ahora, de la reacción o la complacencia de la fuerza política.
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